La economía y los derechos humanos: acortando distancias

El comercio, así como el ingreso, tiene escaso valor intrínseco para el bienestar humano, pero es esencial para alcanzar los derechos humanos, ya que genera los medios para proveer recursos adicionales, tanto a nivel individual (a través del empleo y mercados extendidos) como a nivel nacional (a través del crecimiento y el consumo nacional), lo que puede aprovecharse para satisfacer los derechos. También vale la pena señalar que la relación entre el comercio y los derechos humanos es en dos sentidos; la satisfacción de los derechos puede generar aumentos en el comercio, y otros aspectos del desarrollo, a medida que el capital humano de las personas aumenta.

Sin embargo, los convenios de derechos humanos se concentran en asegurar el estándar de vida actual de las personas en lugar de definir el proceso para alcanzar dicho estándar. Seria impráctico e imposible especificar cada elemento de los procesos económicos y sociales que podrían lograr un adecuado estándar de vida para todos, debido a las circunstancias tan distintas de cada país.

Pero esto conduce generalmente a una tensión en el debate de políticas entre, por un lado, los que abogan por la realización universal de los derechos humanos y, por el otro lado, los que se concentran en los detalles prácticos, y usualmente económicos, del desarrollo. En el terreno de los derechos, se suele considerar muy poco los detalles prácticos de su realización. Y en economía, las políticas se suelen tomar muy a la ligera desde la perspectiva de los derechos humanos.

Es posible que los detalles prácticos del análisis y el diseño de políticas empañen la pureza del debate sobre derechos humanos. O quizás el enfoque universal de los defensores de derechos simplifica demasiado la realidad económica.

Pero para sortear la distancia entre ambas, es necesario entender cómo los derechos pueden alcanzarse en la práctica. Esto resulta particularmente importante cuando se considera al comercio ya que su impacto sobre los derechos humanos dependerá sustancialmente de la naturaleza de los recursos que genere y de su respectiva distribución. El comercio que no beneficia a los grupos más pobres y excluidos hará muy poco por mejorar sus derechos e incluso puede aislarlos aún más. Idealmente, el comercio debería generar beneficios sustanciales que expandan –directa o indirectamente- las oportunidades que estos grupos enfrentan.

Sin embargo, mientras el comercio internacional y doméstico puede, generalmente, producir beneficios mediante la expansión de mercados y la generación de crecimiento, las reformas de políticas comerciales usualmente generarán ‘trade-offs’. Por ejemplo, la reducción de tarifas, a la vez que amplía las oportunidades comerciales y de crecimiento, puede perjudicar, a corto plazo, a algunos productores internos que se encontraban previamente protegidos. Asimismo, es posible que los beneficios de facilitar o liberar el comercio se den entre aquellos que no son ni los más pobres ni los más excluidos. Las mujeres suelen ser más pobres que los hombres y, además, ellos disponen de mejor acceso a los recursos, tales como acceso a la tierra y crédito, lo cual puede permitirles tomar mayor ventaja de las oportunidades comerciales. Como resultado, los incrementos en el comercio pueden hacer que crezca la desigualdad, ya que se deja de lado a los más pobres, quienes deberían ser la prioridad de quienes elaboran las políticas, en especial cuando la desigualdad puede actuar como un freno en el desarrollo económico futuro.

Por lo tanto, no podemos asumir que la promoción del comercio, ni que cualquier estrategia de crecimiento económico, reducirá drásticamente la pobreza y permitirá el alcance de los derechos humanos. Y tampoco podemos definir, dadas las variaciones en las circunstancias y características de cada país, un plan preciso para asegurar que el comercio desemboque siempre en la satisfacción de los derechos humanos. Parece, entonces, que considerar al comercio como un derecho humano deja de lado estas complejidades.

Sin embargo, el debate no debe terminar ahí. Debido a que el comercio es esencial para la realización progresiva de los derechos humanos, y a que existe una relación inversa entre ambos, los derechos y las agendas económicas deben estar íntimamente integradoss. El impacto distributivo de las políticas y tendencias comerciales debe analizarse bajo un enfoque de derechos humanos. Esto debe hacerse por medio de un análisis de impacto detallado, y especifico a cada país, que considere la capacidad de los pobres para participar y beneficiarse de las oportunidades que ofrece el comercio. Políticas complementarias que maximicen los impactos positivos o minimicen los negativos, tales como mejorar la administración de las finanzas públicas o los programas de cuidado de niños para apoyar a las madres que trabajan, también deben ser consideradas.

El debate sobre derechos humanos deberá reconocer la necesidad de considerar opciones de política y sus posibles ‘trade-offs’; y el debate sobre política económica deberá reconocer la necesidad de considerar plenamente el impacto de tales opciones sobre los derechos humanos.

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